El viernes 22 de junio de 2007 quedará marcado en la memoria de todos los que se preocupan de los problemas éticos vinculados al ejercicio actual de la medicina. Un juez de Leganés decidió archivar un caso de práctica médica que parece rozar los límites de la eutanasia activa directa. Se trata de las sedaciones practicadas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés que aparentemente causaron la muerte a numerosos pacientes. Como se recordará, la Consejería de Sanidad de Madrid había suspendido cautelarmente al responsable de Urgencias, José Luis Montes y había destituido a los directivos del centro hospitalario. La politización inmediata del procedimiento administrativo hizo muy difícil la clarificación de las responsabilidades. Ahora el dictamen judicial dice que no se puede demostrar que las muertes de los pacientes fueran causadas “directa y exclusivamente” por los fármacos empleados. Evidentemente, la autopsia que nunca se hizo podría haber ayudado a aclarar las causas y a demostrar la responsabilidad criminal de los autores. Con todo, el dictamen judicial es tremendo para quien lo lea con objetividad y más para los familiares de los fallecidos. Reconoce, en efecto, que en las sedaciones ha habido un caso de mala práctica médica. Y esto por varias razones:- Los ingresados padecían de enfermedades graves pero no terminales, con lo que la sedación les aumentó el riesgo de muerte. – Las dosis de sedantes administradas fueron excesivas, por la cantidad empleada y por el tiempo que duró su administración. – Los fármacos fueron suministrados sin razón, puesto que en muchos casos no había un dolor agudo que los justificara. – En la práctica se mezclaron medicamentos que resultaban potencialmente peligrosos. Hay una frase del juez que produce escalofríos en el lector. Se dice de los pacientes tratados que “si tenían alguna posibilidad de superar el evento que generó el ingreso, ésta fue suprimida por la sedación, que eliminó la expectativa de supervivencia”. En su discurso al IX Congreso de Anestesiología (24.2.1957) el papa Pío XII decía que no es lícito suprimir el conocimiento cuando al enfermo se le incapacita para cumplir deberes morales graves. “Pero la anestesia es moralmente lícita si el moribundo ha cumplido todos sus deberes y recibido los últimos sacramentos, si las indicaciones médicas claras sugieren la anestesia, si en la fijación de las dosis no se pasa de la cantidad permitida, si se mide cuidadosamente su intensidad y duración y el enfermo está conforme”. Añadía además que “la administración de narcóticos con el fin de provocar o acelerar la muerte, es ilícita, porque entonces se pretende disponer directamente de la vida”. E invitaba a aliviar los dolores empleando otros medios y a no traspasar, en el uso del narcótico, los límites de lo prácticamente necesario.Casos como el de Leganés se parecen demasiado a una eutanasia directa, programada y despenalizada.
José-Román Flecha Andrés
No hay Comentarios