Este es el título del Informe que la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI preparó para la UNESCO hace algunos años. Frente a los numerosos desafíos sociales, el informe rubrica que la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Por ello postula la necesidad de llegar a una “sociedad educativa” y de multiplicar las formas de concertación y asociación con las familias, los círculos económicos, las asociaciones, los agentes de la vida cultural. Es decir, de llegar a un gran concierto y convenio social que una a todos en un esfuerzo común por una verdadera educación de calidad. Implantación de una nueva ley;/strong> Si hay alguna cuestión social en la que merece la pena la unión, el acuerdo y el consenso de todas las fuerzas sociales y políticas, ésta es sin duda la educación. Sin embargo, año tras año asistimos, entre la perplejidad y el asombro, a la implantación, sucesión y cambio de leyes que adolecen de falta de consenso y armonía. En estos momentos, se anuncia una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) que, para amplios sectores sociales, supone una propuesta que va a agravar más todavía los males de nuestro sistema educativo. Entre las críticas que recibe dicho texto, señalo simplemente tres: lesiona la libertad de enseñanza, pone en serio peligro la enseñanza de la religión en la escuela, implanta una nueva asignatura (Educación para la ciudadanía) que, para muchos, tiene visos de un nuevo adoctrinamiento. Se trata de cuestiones de suma importancia. ¿Por qué el intento de proponer una educación para la ciudadanía como asignatura obligatoria, cuando se marginan la filosofía, la ética, la religión? ¿Por qué arrinconar la religión? ¿Qué decir de las lesiones a la libertad de enseñanza, rechazando el peso de la demanda social de las familias o no reconociendo la complementariedad de la enseñanza pública y la privada concertada? Libertad de enseñanza;/strong> Con frecuencia la Doctrina Social de la Iglesia se ha referido a la libertad de enseñanza, promoviendo tanto la educación para la libertad como la educación en libertad, subrayando la libertad de los padres y de las instituciones sociales en la elección y constitución de centros educativos. Así, el concilio Vaticano II declara: “El Estado debe […] promover, en general, toda la obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar, el cual es contrario a los derechos naturales de la persona humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades” (GE 6). Para que realmente la educación sea educación para la libertad, el mismo sistema educativo tiene que aceptarla y respetarla. Es el sentido que recoge el artículo 27 de la Constitución Española, que establece el ordenamiento jurídico respecto a las competencias educativas del Estado. En efecto, la Constitución Española reconoce el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza y pide a los poderes públicos que garanticen este derecho mediante una programación general de la enseñanza. No cabe duda de que una oferta educativa de calidad, la programación general de la enseñanza, la gestión de los centros educativos, necesitan un amplio debate social. Pero es sumamente importante llegar a un consenso sobre educación, establecer una coherencia general y proponer una visión de largo alcance. Por eso, las políticas educativas deberían ser siempre políticas a largo plazo, de manera que pudieran establecer la continuidad en las decisiones y en la realización de las reformas, superando los vaivenes de los cambios de gobierno.
Eugenio Alburquerque
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